El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y la Secretaría de Contraloría, dirigida por Álvaro Bardales, han implementado un proceso riguroso para asegurar una transición ordenada y transparente en las administraciones municipales. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la correcta administración de los recursos públicos, fortalecer la rendición de cuentas y gestionar de manera eficiente el cambio de gobierno.

Actualmente, la Secretaría de Contraloría está trabajando directamente con los municipios de Atitalaquia y Tecozautla. Su labor se enfoca en revisar la información relacionada con la entrega-recepción de obras públicas, así como la gestión de recursos presupuestales, financieros, humanos y materiales.

Las áreas principales de supervisión son:
1. Finalización de Obras: Verificar que todas las obras realizadas en 2023 estén completas y cuenten con el Acta de Entrega Recepción correspondiente.
2. Salud Financiera: Asegurar que los municipios tengan la solvencia financiera necesaria para cerrar el año 2024.
3. Control Presupuestario: Evitar la autorización de bonos o recursos para conceptos no aprobados en las partidas presupuestarias.
4. Movimientos de Personal: Prevenir cambios de personal que puedan resultar en juicios laborales que afecten el patrimonio municipal.

La Secretaría de Contraloría se adhiere a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y los Códigos de Ética y Conducta.

Las auditorías en curso están evaluando los fondos administrados en los municipios de Tlaxcoapan, Mineral del Chico, Mineral de la Reforma y Apan, abarcando los años 2022, 2023 y el primer semestre de 2024. Estas revisiones también tienen en cuenta reincidencias y quejas ciudadanas.

Además, se han notificado observaciones a varios municipios:
- Tula de Allende: $93,000,398.16
- Atitalaquia: $23,973,832.62
- San Agustín Tlaxiaca: $4,425,630.60
- DIF de San Salvador: $26,290.34

Estas observaciones revelan irregularidades en operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales, falta de documentación comprobatoria, facturación cancelada, subejercicio de recursos y adquisiciones improcedentes.

En Ajacuba, se identificó un monto no solventado de $41,725,060.58 durante las auditorías de 2022 y 2023. Se ha solicitado al Titular del Órgano Interno Municipal que actúe de acuerdo con la ley y que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los funcionarios responsables de las irregularidades detectadas.

Estas acciones reflejan el firme compromiso del gobierno de Hidalgo con la lucha contra la corrupción, la transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos. Su objetivo es fortalecer la confianza ciudadana y mejorar los servicios y la infraestructura pública.