Pegasus y el espionaje político en México.
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Pegasus y el espionaje político en México.
En la era digital en la que vivimos, la privacidad y la protección de datos personales se han convertido en preocupación fundamental para todos. Por ello, las recientes revelaciones sobre el uso del sistema Pegasus, en pleno 2023, para llevar a cabo espionaje político, han generado una alarma generalizada. En esta columna invitada de opinión, abordaremos el tema del espionaje y sus consecuencias para la privacidad de los ciudadanos y la democracia misma.
El espionaje político, es una práctica antidemocrática que atenta contra la privacidad y la libertad de expresión. En el caso de México, con el paso de los años, ha generado un clima de desconfianza y temor entre los ciudadanos, así como un debilitamiento de las instituciones democráticas. Muchas veces a base de rumores y actualmente con revelaciones de los mismos afectados, se ha logrado conocer, que periodistas, defensores de derechos humanos, líderes religiosos y políticos de oposición, han sido blanco de espionaje ilegal, lo que es un golpe a la credibilidad de cualquier gobierno y una violación flagrante de los derechos humanos.
En los últimos años, hemos sido testigos de un escándalo que sacudió los cimientos del sistema político mexicano: el espionaje documentado y llevado a cabo a través de un sofisticado software de vigilancia y seguimiento, desarrollado por la empresa de Tecnología e inteligencia israelí, NSO Group.
El sistema Pegasus, permite el acceso remoto a los dispositivos móviles, lo que significa que cualquier persona externa, puede tener acceso a mensajes de texto, correos electrónicos, registros de llamadas y datos personales de los ciudadanos. Esto representa una clara violación a la privacidad y un abuso de poder por parte del Estado. Además, el uso de esta tecnología de vigilancia sin una supervisión adecuada ni mecanismos de control efectivos abre la puerta a posibles abusos y manipulación política.
NSO Group, ha desarrollado y comercializado el software Pegasus, que ha sido utilizado en varias ocasiones por gobiernos de diferentes países para llevar a cabo actividades de espionaje y vigilancia. Aunque NSO Group sostiene que su tecnología está destinada a combatir el terrorismo, existen preocupaciones legítimas sobre su uso indebido y la violación de los derechos humanos que puede generar.
Uno de los principales debates en torno a la empresa israelí, se centra en su responsabilidad en relación con el uso de la tecnología por parte de terceros. NSO Group argumenta que solo vende su software a gobiernos y agencias de seguridad legítimos, y que su objetivo es ayudar en la lucha contra el crimen. Sin embargo, los informes de abusos y el uso del software para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos plantean serias dudas sobre el control y la supervisión de NSO Group sobre el uso final de su tecnología.
La falta de transparencia en las operaciones de dicho grupo y la opacidad en la selección de los clientes a quienes vende su software, son cuestiones preocupantes. Si bien es necesario que los gobiernos tengan herramientas para combatir amenazas legítimas, también es esencial establecer salvaguardias efectivas para evitar abusos y garantizar la protección de los derechos humanos y la privacidad de las personas.
Por ejemplo, uno de los pilares fundamentales de una democracia saludable es la libertad de prensa. Sin embargo, el espionaje político a periodistas pone en riesgo la labor de estos profesionales y socava su capacidad para informar con independencia. La intimidación y el miedo generados por la posibilidad de ser vigilados, limitan la libertad de expresión y ponen en peligro la diversidad de voces y opiniones en la sociedad mexicana.
Además, el llamado espionaje político, tiene un efecto disuasorio en la participación ciudadana. Si los ciudadanos temen ser vigilados y perseguidos por el gobierno, es menos probable que se involucren en actividades políticas o expresen sus opiniones de manera abierta. Esto socava la construcción de una ciudadanía activa y comprometida, debilitando así la democracia misma.
¿Y nosotros qué podemos hacer? Primero, exigir que se realice una investigación exhaustiva e imparcial para determinar quiénes son los responsables de este espionaje ilegal y que se establezcan mecanismos de control efectivos para evitar abusos similares en el futuro.
El gobierno mexicano, sea azul, tricolor o guinda, debe rendir cuentas por estas violaciones a los derechos humanos y tomar medidas contundentes para garantizar la protección de la privacidad de sus ciudadanos y el respeto a la libertad de expresión. Asimismo, la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional debemos mantenernos vigilantes y demandando transparencia y rendición de cuentas en este delicado asunto.
Solo así podremos salvaguardar nuestra democracia y promover una sociedad justa y libre en México.