RSF urge en el WP proteger a periodistas en México

The Washington Post y la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) hicieron un llamado a México para que de manera urgente, garantice la protección hacia sus periodistas, toda vez que en lo que va del 2022 han sido asesinados 12 miembros de este gremio.
“México debe actuar para proteger a sus periodistas”: el urgente llamado de The Washington Post y Reporteros Sin Fronteras
“México debe actuar para proteger a sus periodistas. La lista de víctimas de la violencia contra la prensa en México continúa creciendo”, se lee en las primeras líneas.
El llamado, realizado a través de una plana de la edición impresa del WP, surge tras el homicidio de Antonio de la Cruz, quien fue asesinado el pasado 29 de junio en su domicilio.
De acuerdo con la ONG, México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo después de Birmania.
Asimismo, el 2022 ha sido el más letal contra el gremio en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, administración que se ha caracterizado por manejar una retórica hostil hacia medios y profesionales críticos de la administración, según RSF.
La edición de WP es enmarcada por los retratos de los periodistas asesinados José Luis Gamboa, Margarito Martínez; Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López Vásquez, Jorge Camero y Juan Carlos Muñiz ilustran la parte superior de la cuartilla del domingo 3 de junio.

En tanto, en el marco inferior se vislumbran los rostros de Armando Linares López, Luis Enrique Ramírez Ramos, Yessenia Mollinedo, Sheila Johana García y Antonio de la Cruz.
RSF toma en cuenta los casos de Roberto Toledo y Jorge Camero: dos homicidios que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no los considera con dicha agravante, pues “los victimados no ejercían la labor periodística” al momento del crimen, afirmó la dependencia.
La ONG destacó los tres frentes que amenazan la práctica periodística: el primero, la impunidad imperante en el 90% de los casos; el segundo, el crimen organizado que censura a quienes denuncian sus operaciones, y el tercero, servidores públicos locales.
“El Gobierno mexicano debe condenar la violencia contra las y los periodistas y reforzar la protección hacia la prensa”, insistió la organización.