Ley 3 de 3: Un paso adelante en la lucha contra la violencia en México.
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Ley 3 de 3: Un paso adelante en la lucha contra la violencia en México
Hoy dedicaré estas líneas, a platicar sobre la “Ley 3 de 3 contra la violencia”, la cual ha sido aprobada ya, por 17 Congresos Locales, lo que la convierte en vinculante para su cumplimiento. Por cierto, a la fecha el Congreso de Hidalgo sigue sin aprobarla.
En los últimos años, México ha enfrentado una alarmante crisis de violencia de género que ha cobrado la vida de miles de mujeres y ha dejado a muchas más víctimas de agresiones físicas, sexuales y psicológicas. Ante esta problemática, era urgente y necesario tomar medidas contundentes para erradicar dicha violencia y promover la igualdad de género en nuestro país.
La propuesta “3 de 3 contra la violencia de género” o simplemente conocida como la “3 de 3”, tiene su origen en los compromisos de la agenda feminista de la sociedad civil, y fue por iniciativa del grupo “Las Constituyentes CDMX” que se buscó contar con el respaldo de legisladoras y servidoras públicas a nivel federal y estatal, así como activistas y ciudadanas de todo el país, con el objetivo de establecer nuevos mecanismos para impedir que personas generadoras de violencia familiar o doméstica, violencia sexual o que incumplan con obligaciones alimentarias, se registren y obtengan una candidatura para cualquier cargo de elección popular.
En este sentido, la Ley 3 de 3 surge como una respuesta valiente y necesaria para enfrentar esta difícil realidad, buscando garantizar la seguridad y la justicia para las mujeres mexicanas.
Buscando, en primer lugar, avalar que los servidores públicos no tengan antecedentes de violencia de género, evitando que personas con historial de agresiones, ocupen cargos de poder. Esto es fundamental para generar un cambio en la cultura institucional y promover la igualdad de género desde los espacios de toma de decisiones.
En segundo lugar, la ley establece medidas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Se promueve la creación de políticas públicas orientadas a la prevención, se fortalecen los mecanismos de denuncia y se establecen sanciones más severas para quienes cometan actos de violencia de género. Además, se establecen protocolos de atención para las víctimas y se promueve la capacitación de los funcionarios encargados de brindar apoyo y atención a las mujeres en situación de violencia.
En tercer lugar, busca fomentar la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, a través del establecimiento de medidas para promover la equidad de género en la representación política, en los espacios de toma de decisiones y promoviendo la igualdad salarial.
Podemos decir, que el punto medular de la Ley, estriba en que, quienes aspiren a alguna candidatura, deberán firmar un formato denominado “3 de 3 contra la violencia”, donde deberán declarar de buena fe y bajo protesta de decir verdad que no cuentan con condena o sanción, mediante resolución firme por: a) violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito público o privado; b) delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y c) tener deudas alimentarias o incurrir en mora en el cumplimiento de estas obligaciones, salvo que la persona acredite estar al corriente del pago de las mismas o las cancele en su totalidad y no tenga registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.
En conclusión, la implementación de la “ley 3 de 3” se va a convertir en un parteaguas, principalmente a través de la reforma y adición de los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, esto robustecería la ética en la política, pues cerraría las puertas a deudores que violentan el Principio Superior de la Niñez, a agresores sexuales y familiares. Es una modificación transversal que aborda todos los órdenes de gobierno y las distintas instancias del poder público: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género en México. Es una respuesta contundente a la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país y busca sentar las bases para una transformación profunda en nuestra sociedad. Sin embargo, es importante reconocer que esta ley es solo el primer paso, y su implementación efectiva y el compromiso continuo de las autoridades y la sociedad en su conjunto son fundamentales para lograr resultados tangibles.
Esto, es una muestra clara de que es posible legislar de manera integral y contundente para combatir la violencia de género.
Es responsabilidad de todos y todas apoyar y promover la plena implementación de esta ley, así como seguir trabajando en la construcción de una sociedad en la que las mujeres vivan libres de violencia y puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades.
Juntos, podemos lograr un México más seguro, igualitario y justo para todos.
Al tiempo.