La Operación Safiro
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La Operación Safiro.
Seguramente Usted ha escuchado o leído en diversos medios de comunicación sobre la “Operación Safiro”, sí, safiro con S de “sospechoso, de secreto, de sucio”, aunque en realidad se llama así por significar “Saneamiento Financiero” (vaya cinismo).
Este caso, volvió a la palestra informativa, derivado que, en la última sesión del actual Consejo General del INE, la Comisión de Fiscalización del Instituto se vio imposibilitada a profundizar sus investigaciones en este tema, por la negativa de la FGR y la UIF de la Secretaría de Hacienda a proporcionar la información solicitada.
Esta comisión, resolvió que no pueden aplicar una sanción ejemplar debido a que no se pudo demostrar que recursos públicos ingresaron al partido tricolor o que se utilizaron en campañas priistas, -lo que demuestra que hasta para hacer magia, hay que ser buen mago-.
A pesar de ello, determinó dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que entonces, ellos puedan iniciar una investigación profunda de los hallazgos de la Unidad de Fiscalización del INE.
Vamos a tratar de desmenuzar, lo más claro posible, el entramado que significó la “operación Safiro”, que con el nombre hasta nos recuerda alguna película de Hollywood.
El 21 de diciembre de 2017, el prestigiado diario norteamericano The New York Times publicó una investigación conjunta de su corresponsal en México y del corresponsal de la revista Proceso en Washington, el mecanismo del desvío de fondos públicos desde el gobierno de Chihuahua, durante el gobierno de César Duarte Jáquez, para las campañas electorales del PRI en el 2016.
De acuerdo a esa investigación, el desvío se realizó con el presunto contubernio del entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del Secretario de Hacienda federal, Luis Videgaray. Como es de esperarse hasta ahora, ambos personajes han rechazado las acusaciones.
En este primer corte, logró demostrarse que se habían dispersado ilegalmente 250 millones de pesos del erario chihuahuense.
Pero las cosas no se quedaron ahí. Al resultar tan efectivo el sistema, probado en Chihuahua, para transferir recursos públicos, los autores intelectuales de este atraco, decidieron extenderlo a Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y a la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México.
La presunta triangulación de recursos se hacía de dos formas, una era simular obra pública para dependencias del Gobierno a través de empresas ligadas a servidores públicos o funcionarios partidistas, y la otra era la entrega de contratos a empresas “fantasma”. Se sabe que se utilizaron, por lo menos, 12 empresas fantasma, a través de las cuales los gobiernos de esos siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos.
La mayoría de accionistas de las empresas involucradas en los desvíos en los 7 estados, son en realidad prestanombres, pues se trata de habitantes de colonias populares y con alta marginación de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
El modo era rápido, ya que se dispersaba el dinero al día siguiente que lo recibían a través de diversas transferencias a las denominadas subempresas, las cuales emitían cheques o volvían a dispersar el recurso en otras transferencias por montos más pequeños.
Según la información disponible y presentada por diversos medios de comunicación, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priístas de Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones). El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones.
En las investigaciones se detectaron operaciones el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priísta Jorge Alvarado en la entonces delegación Milpa Alta, aunque en ambos casos ha sido prácticamente imposible determinar el monto real de las transferencias debido a que ambos Gobiernos ocultaron toda la información de dichos contratos.
Se dice, que el autor operativo de este gran fraude, era Alejandro Gutiérrez, quien en 2016 se desempeñaba como secretario general adjunto del PRI nacional y mano derecha y amigo personal del entonces Presidente Nacional. En múltiples declaraciones de diversos acusados, todos concuerdan que fue Gutiérrez quien puso hasta los nombres de las empresas que simularían operaciones para concretar el desvío de fondos.
Gracias al esfuerzo del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, Gutiérrez fue detenido y estuvo preso cerca de 9 meses, aunque fue liberado el 28 de septiembre de 2018, protegido desde las altas esferas políticas nacionales.
César Duarte Jáquez, fue detenido en el 2020 en Florida, Estados Unidos, luego de que era buscado por la Interpol desde 2017 y fue hasta junio del 2022 que fue extraditado a México para continuar su proceso en estas tierras.
Hace un par de días, el Consejo General del INE impuso una multa al PRI de casi 98 millones de pesos, al únicamente haber documentado la triangulación de 39 millones de pesos que salieron de las arcas de gobierno de Chihuahua.
¿y todo lo demás sobre los recursos desviados? ¿Y los involucrados? ¿los prestanombres? ¿Cuál fue la ruta del dinero? ¿Y los ex gobernadores y dirigentes partidistas? ¿Hay más estados involucrados?
Son algunas de las muchas preguntas que hoy, quedan en el aire, y que definitivamente no tienen respuesta. Como sociedad, nos queda seguir exigiendo a las actuales autoridades responsables, se siga con las investigaciones y se llegue, aunque suene muy trillado, a sus últimas consecuencias.
Al tiempo.